CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala de Casación Civil
Magistrado Ponente:
Manuel Ardila Velásquez
Bogotá, D. C., primero (1º) de julio de dos mil tres (2003).
Referencia: Expediente No.2003-00114-01
Pasa a decidirse el conflicto que en torno a la competencia para conocer del proceso ejecutivo singular formulado por Francisco Román Castillo Castillo contra la Corporación Macondo y Jorge Enrique Mejía Jaramillo, enfrenta a los juzgados promiscuo municipal de Cota (Cundinamarca) y treinta y seis civil municipal de Bogotá.
Antecedentes
El ejecutivo aludido persigue recaudar los cánones causados con ocasión del contrato de arrendamiento que suscribieron las partes y que fue acompañado al escrito incoativo.
El libelo introductorio fue presentado ante el juez promiscuo municipal de Cota (Cund.), justificándose allí esa competencia territorial "por la vecindad de las partes", afirmación en punto de la cual habíase indicado en otro aparte del mismo escrito, que los demandados tienen radicado su domicilio permanente en dicha localidad.
Recibidas las diligencias por el aludido despacho, decidió declarase incompetente para asumir su conocimiento; advirtió, así, tomando apoyo en el certificado de existencia y representación legal de la entidad demandada aportado como anexo, "que la parte pasiva tiene su domicilio en la Ciudad de Bogotá"; y fue esa la razón por la que procedió a remitirlo al juez municipal de esta ciudad.
Pero el juzgado treinta y seis civil municipal de Bogotá, al que correspondió el asunto por reparto, declaróse igualmente incompetente; al respecto señaló que si la sociedad "tiene dos domicilios, es al demandante a quien le corresponde elegir al juez competente", lo que a términos del numeral 1° del artículo 23 del código de procedimiento civil indicaría que el competente en el presente caso es el juzgado de Cota, "toda vez que allí fue donde se presentó la demanda". Cuestión en que, por lo demás -añadió- estando la parte pasiva de la ejecución conformada también por Jorge Enrique Mejía Jaramillo, cuya vecindad es Cota, tendríase que aun siendo otro el domicilio de la corporación, la competencia recaería de todos modos en el juzgado del sobredicho municipio.
Fue así como arribaron las diligencias a esta Corporación para dirimir la colisión, a lo que se procede de conformidad con los artículos 28 del código de procedimiento civil y 16 de la ley 270 de 1996, ya que enfrenta a juzgados de diferente distrito judicial.
La competencia, como bien se sabe, es determinada por varios factores, contándose entre ellos el territorial, que es el que aquí cumple definir.
Por su parte, sábese que es el artículo 23 del código de procedimiento civil el encargado de fijar las pautas de la competencia territorial, estableciendo como principio el de que, salvo disposición legal en contrario, el conocimiento de los asuntos contenciosos corresponde al juez del domicilio del demandado.
Para el caso, y también en relación con ese fuero general, preciso es destacar que el numeral 3° de la mencionada disposición señala que "siendo dos o más los demandados, será competente el juez del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del demandante".
Ahora bien, la demanda introductoria debe contener las circunstancias de hecho que determinan la competencia del juez para conocer de cada proceso en particular; de tal manera que, cuando por el factor territorial se acude al fuero general, el domicilio que el actor indique como el del demandado, señalará también cuál es el juez competente por esa circunstancia.
Así, obsérvase que en orden a fijarla en el caso en estudio, el actor dijo atenerse para efectos del factor territorial a la "vecindad de las partes"; y al respecto afirmó concretamente, se reitera, que tanto la Corporación Macondo como Jorge Enrique Mejía Jaramillo, contra quienes se enderezaba la ejecución, tienen su domicilio permanente en el municipio de Cota.
Y a la verdad, cual lo avistó el juzgado de dicha localidad, entre lo aseverado en la demanda y lo que expresa el certificado de existencia y representación de la demandada, no hay armonía en punto de dónde tiene ésta fijado su domicilio; mas, en lo que toca estrictamente con la competencia, aquello carece de toda incidencia; y es vano a cual más, en cuanto que, encontrándose el actor, por fuerza de lo dispuesto por el precitado numeral 3° del precepto 23 del código de procedimiento civil, autorizado para instaurar la demanda en el domicilio de cualquiera de los demandados, al no ofrecerse duda lo expresiva que es la demanda al señalar que uno de los dos -la persona natural- se halla avecindado en esa localidad, lo atinente a la competencia había de resolverse posando la vista no más que en esa circunstancia.
Desde luego, en condiciones como las que acaban de aludirse, el colofón obligado es el de que, siendo el domicilio de uno de los demandados -al menos para los efectos de este proceso- el municipio de Cota, al haber elegido el actor demandar en este lugar, es el juez de allí el competente por el factor territorial para conocer del proceso, y no el de Bogotá, como sin examinar todas las aristas que el caso enseña estimó el mentado despacho judicial.
De donde resulta preciso declarar que es el juez promiscuo municipal citado el que debe conocer de este negocio; sin perjuicio, por supuesto, de la controversia que en el punto pueda suscitarse a través de los cauces procesales previstos para ello.
Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso ejecutivo singular atrás reseñado, es el juzgado promiscuo municipal de Cota (Cundinamarca), a quien se enviará de inmediato el expediente; lo aquí decidido se comunicará, mediante oficio, al otro juzgado involucrado en el conflicto.
Notifíquese
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
MANUEL ARDILA VELASQUEZ
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
JORGE SANTOS BALLESTEROS
CESAR JULIO VALENCIA COPETE